jueves, octubre 22, 2020

Editorial | Libertad de expresión y derecho al debido proceso

Así demandó el Encargado de Negocios de la Embajada de EEUU en nuestro país ante la decisión tomada por un sector de la Cámara Baja que suspendió en sus funciones a la Diputada Celeste Amarilla.

La semana pasada una mayoría circunstancial de la Cámara de Diputados, compuesta por representantes colorados y liberales decidieron suspender en sus funciones a la Diputada Celeste Amarilla por expresiones que ella habría tenido diciendo que unos 60 o 70 legisladores habrían financiado, el acceso a sus bancas, con dinero espurio.

La decisión del cuerpo trasgrede todas las normas constitucionales que protegen el derecho de opinión de los legisladores y desde las bancadas minoritarias se escucharon fuertes reclamos de repudio.

No podía ser para menos ya que la decisión de la mayoría circunstancial en la Cámara Baja, no tiene derecho a cercenar la libertad de expresión o como dijera el Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en nuestro país, “se debe respetar la libertad de expresión y el derecho al debido proceso”, sin hacer referencia a un hecho concreto se sobre entendía que hacía referencia a la actitud tomada contra la Diputada Liberal.

Por su parte Augusto Wagner, en su calidad de suplente de la banca de Amarilla, dijo que no asumiría el lugar que en derecho le corresponde, como una expresión de reclamo ante lo que el considera una actitud arbitraria y “contra lege” de parte de los legisladores que “quemaron en la hoguera” a la Diputada Amarilla.

Transcurridos los días pareciera que varios legisladores han recapacitado y prometieron dar vuelta sus respectivos votos, para así lograr una mayoría que permita revertir la sanción a Amarilla.

Imposible permanecer impasibles ante estos hechos donde la propia Cámara, abusando de sus mayorías coyunturales, condena o absuelve a legisladores no importa la conducta por la que son acusados.

Este caso es uno de los mas graves porque se cercena directamente el derecho de expresión de un legislador, quien tiene fueros justamente para expresarse con libertad en el ejercicio de sus funciones.

La ciudadanía, si bien no sigue de cerca estos hechos, aspira a que sus representantes actúen dando ejemplos de respeto a las leyes del país.

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