jueves, julio 29, 2021

Senadores rechazan por unanimidad proyecto de ley que pretendía legalizar las tierras malhabidas

La Cámara de Senadores rechazó el proyecto de modificaciones al Estatuto Agrario, que varios sectores advirtieron que era un intento de legalizar la tenencia de tierras irregulares, el cual fue calificado como «antipatriota», «adefesio», incluso una «vergüenza» y «barbaridad».

El proyecto de ley que modifica y amplía varios artículos de la Ley 1863 que establece el Estatuto Agrario y sus leyes modificatorias 2002/2002, 2531/2004, 5881/2017 fue rechazado este jueves en la Cámara de Senadores.

El pleno de la Cámara Alta decidió por unanimidad no aprobar la propuesta legislativa, que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados en diciembre del año pasado, «sigilosamente», según el senador Hugo Richer del Frente Guasu (FG).

La oposición repudió que la normativa pretenda legalizar las posesiones ilegales de las tierras del Estado.

El senador Pedro Santa Cruz, del Partido Democrático Progresista (PDP) y presidente de la Comisión de Reforma Agraria y Bienestar Rural de la Cámara de Senadores, cuestionó la modificación de un artículo en particular de los 16 planteados.

Se refirió al artículo 88 que establece que «los que ejerzan pública y pacíficamente la ocupación de inmuebles rurales en la Región Oriental al momento de la promulgación de la presente Ley y que no sean considerados beneficiarios, por única vez, tendrán derecho a adquirir la fracción ocupada». La propuesta fue calificada en diversas formas por los legisladores.

El parlamentario Enrique Salyn Buzarquis, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), denominó «antipatriota» a la iniciativa y señaló que además es una «vergüenza» de la Cámara de Diputados.

Carlos Filizzola (FG) lo describió como un «adefesio» y alegó que es «repudiable» desde todo punto de vista intentar legalizar tierras malhabidas. En el mismo sentido, Fidel Zavala, del Partido Patria Querida (PPQ), mencionó que es una «barbaridad».

El proyecto de ley fue rechazado por el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) y también por la Federación Nacional Campesina (FNC).

Ahora el documento retorna para una segunda vuelta a la Cámara de Diputados, donde tendrán la opción de ratificarse en su decisión inicial o aceptar el rechazo del Senado.

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