jueves, octubre 28, 2021

Nuevo caso en la Gobernación de Central, algo nunca acabar

Nuevo caso ejecución de obras.

Tadeo Álvarez Cristaldo, presidente y fundador de la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), de profesión árbitro de fútbol, firmó todos los certificados de ejecución de las obras que fueron pagadas con el fondo de emergencia por covid-19. Dichos documentos debían ser firmados por un ingeniero civil o arquitecto, según el informe final de la Secretaría Nacional de Anticorrupción (Senac) y Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE), que conjuntamente realizaron una auditoría.

CIAP recibió G. 5.105 millones de la Gobernación del Departamento Central, administrado por Hugo Javier González. El dinero es parte del fondo de emergencia por covid-19, US$ 1.000.000 (G. 6.382 millones al cambio de finales de 2020), que el Ejecutivo otorgó el año pasado a la institución departamental. La otra parte, G. 1.276 millones, fue transferida al Consejo Regional de Salud, presidido por Hugo Cabrera, para ayudar a hospitales de Central.

Primeras anomalías en torno a CIAP
De acuerdo al estatuto social de la fundación CIAP, la naturaleza de la misma es formar a profesionales en varias disciplinas, además de contratar a expertos para brindar capacitaciones. Lo establecido en el reglamento no fue modificado, pero la “organización sin fines de lucro” recibió de la Gobernación la millonaria transferencia para hacer “obras de infraestructura y mejoramiento en espacios públicos”. Según la conclusión de la auditoría, no se evidencia que CIAP tenga la suficiente experiencia y personal profesional acorde al rubro para hacer este tipo de trabajos.
Sin embargo, el presidente de CIAP, Tadeo Álvarez, traspasó todos los límites y hasta se atrevió a firmar los “certificados de obras”, que debían ser firmados por un arquitecto o ingeniero civil.
Cabe destacar que toda esta información fue obtenida por los auditores mediante los pocos y escuetos documentos proporcionados por el mismo gobernador, es decir, Hugo Javier estaba en conocimiento de lo sucedido.

Las obras del árbitro
Entre las obras cuyos certificados fueron firmados por Tadeo Álvarez aparecen el asfaltado para el acceso al Consejo Regional de Salud y Parque Sanitario, que funcionan en el predio de la Gobernación, que costó más de G. 390 millones, pero lo más descabellado en este caso es que la obra ya fue hecha en octubre de 2020 y no en enero de 2021, como quiso hacer creer el gobernador Hugo Javier. Es decir, el trabajo ya fue pagado con otro fondo.
Álvarez también certificó las construcciones de contrafuertes, de un baño sexado en un predio privado para una asociación de profesores, de un muro de contención, de canal de desagüe a cielo abierto, aislación de terraza, reparación de cielo raso, de muralla perimetral, reparación y reposición de parque infantil, además de la construcción de una ciclovía, construcción y mantenimiento de espacios públicos. Todo costó más de G. 1.360 millones. Otra anomalía es que CIAP tampoco notificó a ningún especialista fiscalizador de obras, que indefectiblemente debió autorizar la colocación de hormigones, dice el informe.

Trabas en auditoría
Senac y AGPE, durante la auditoría sobre el despilfarro del millón de dólares, “ha tenido limitaciones en la obtención de documentaciones”, así como “demoras en la remisión de determinados documentos esenciales para la verificación” de la correcta ejecución de las obras, hechas por CIAP con el dinero público.

Las documentaciones no proveídas fueron las copias de planillas de cómputos métricos, planos de proyectos ejecutivos, planos de obras ejecutadas finales y cálculos de obras de ingeniería.
“En consecuencia (…) el contenido del presente informe no puede considerarse como una exposición de todas las eventuales deficiencias y/o de todas las medidas que podrían adoptarse para corregirlas, ya que el equipo se limitó a opinar sobre los documentos e informaciones básicas que fueron proveídas”, dice el informe de Senac y AGPE.
En el detalle también se evidencia que las obras no tienen certificado de verificación de avance hecho por un fiscal de obras, en el cronograma de ejecución y avance financiero no se observa o discrimina el monto a ser pagado en cada obra. Los auditores tampoco visualizaron ningún cartel de obras que indique la ejecución de las mismas, además de los datos del contratista. Algunos proyectos no tienen acta de inicio de los trabajos y no se observó el libro de obra o actas de aprobación por parte de la fiscalización de los trabajos realizados, entre otros.

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