Hugo Javier fue citado por el fiscal anticorrupción Rodrigo Estigarribia para las 9:00 de este viernes. El político cartista llegó acompañado de su abogado Andrés Casati.
En inmediaciones de la sede del Ministerio Público lo esperaba un grupo de ciudadanos que lo recibieron y despidieron en medio de escraches.
Durante la diligencia, el gobernador del Departamento Central decidió no declarar. Hugo Javier señaló que su decisión obedece a que desean presentar y acceder a más documentos sobre la causa.
“Se ha verificado, documentado y presentado todo. Me abstuve a modo de presentar más documentos. Para finiquitar la causa necesitamos más documentos, estamos abiertos a lo que diga la ley”, dijo el político colorado mientras abandonaba la sede fiscal.
Por su parte, el abogado Andrés Casati explicó que hay documentaciones e inspecciones técnicas en proceso, por lo que sugirió a su cliente que no dé declaraciones por el momento.
“Vamos a acompañar las inspecciones a los efectos de colaborar para que esta situación se aclare lo antes posible. Esta causa es más mediática que jurídica y estamos en etapa incipiente. Él goza de una presunción y los medios ya lo están condenando”, dijo el abogado.
Al ser consultado sobre el dinero destinado a las oenegés, Hugo Javier aseguró que esto «no está prohibido por ley, por lo que es legal». “Era para reactivación económica”, agregó.
En el caso, la Fiscalía imputó el 1 de noviembre de 2021 al gobernador de Central, Hugo Javier González, y a otras 14 personas por lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.
Además del gobernador, también fueron procesados Javier Rojas Giménez, director de Administración y Finanzas de la Gobernación; Tadeo Álvarez Cristaldo, presidente de la Fundación CIAP; Paulino Palacios Recalde, tesorero de la citada organización, y Nicolás Emanuel Álvarez Doria, síndico de CIAP.
Asimismo, fueron imputados Lourdes Lezcano Decoud, secretaria general de la Gobernación; Armando Soler Espínola, secretario de Obras Públicas, y Luis Allende Araújo, ex jefe de Tesorería.
Otros encausados son Édgar Zaracho Quintana, asesor jurídico de la Gobernación; Guido Portillo Torres, jefe del Departamento de Presupuesto; Modesta Valiente Escobar, funcionaria de Administración y Finanzas; y Adalberto Benítez Aguilera, ex jefe de Fiscalización de Obras.
