El fiscal federal Diego Luciani dijo que la líder peronista -acusada junto a otros exfuncionarios- cometió los delitos de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y de liderar una asociación ilícita para desviar fondos públicos durante sus presidencias, entre 2007 y 2015.
“Se trata probablemente de la mayor maniobra de corrupción que se haya conocido en el país”, señaló el fiscal durante su alegato, transmitido en vivo por internet.
Luciani también pidió el decomiso de bienes involucrados en los delitos por un total de casi 1.000 millones de dólares y la inhabilitación perpetua de Fernández para ocupar cargos públicos.
La investigación busca establecer si Fernández y otros funcionarios de su gestión favorecieron a firmas del empresario Lázaro Báez al momento de licitar decenas de obras públicas en la Patagonia, muchas de las cuales podrían haber tenido sobreprecios o no habrían sido concluidas.
Muchos expertos sospechan que los capitales supuestamente desviados habrían vuelto a manos de la familia Kirchner a través de sus empresas.
“El Gobierno Nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner”, señaló la gestión del presidente Alberto Fernández a través de un comunicado. “Ninguno de los actos atribuidos a la expresidenta ha sido probado”, añadió.
La sentencia se conocerá en meses, según medios locales, aunque Fernández podría apelarla a tribunales superiores, lo que demoraría años el veredicto final.
Sin embargo, una sentencia este año podría afectar las chances del oficialismo de centroizquierda en los comicios presidenciales de fines de 2023.
