martes, septiembre 27, 2022

Baja calificación de Gafilat a Paraguay en investigaciones y condenas por casos de lavado

El ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado (Seprelad), Carlos Arregui, compartió con el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, los principales resultados del informe, que fue aprobado por Gafilat el 28 de julio pasado.

El área de menor puntaje fue la de investigación, procesamiento y condena de casos, en donde el documento señala que el país cuenta con un ordenamiento jurídico acorde pero bajo número de investigaciones.

El ministro Arregui agregó que la principal sugerencia del organismo fue aumentar el número de sentencias condenatorias e investigaciones complejas de casos de lavado de dinero. Indicó que existe «un número desproporcional de condenas en relación a informes de inteligencia», de acuerdo a los resultados.

En los últimos 6 años la Seprelad emitió 748 informes de inteligencia financiera y el país registró 28 sentencias condenatorias. Ante esto, se recomienda aumentar el número de investigaciones de casos de lavado y su vinculación con el narcotráfico y aumentar el número de decomisos como resultado de estas condenas, detalló Arregui.

La evaluación de Gafilat sugiere priorizar el desarrollo de investigaciones financieras paralelas, facilitar la incautación de bienes y fortalecer la cooperación entre la Fiscalía y organismos de inteligencia.

En líneas generales Paraguay cuenta con los elementos jurídicos para avanzar en el combate a estos flagelos y los resultados de esta evaluación ayudan a la imagen reputacional del país y permiten avanzar en la calificación de «grado de inversión»para la emisión de bonos en los mercados internacionales, concluyó el ministro.

El principal resultado es la aprobación de los principales indicadores de evaluación, por lo que Paraguay evitó ingresar a la «lista gris», que significa que el país es considerado no cooperante en la lucha contra el lavado de dinero.

Arregui señaló que el Grupo de Acción Financiera destacó el avance significativo del Gobierno de establecer como política pública el combate al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, que incluyó un paquete de leyes para una «mejora notoria» en el marco legal para la lucha contra estos flagelos.

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