sábado, diciembre 10, 2022

Ex jueza aún no tuvo audiencia de imposición de medidas, a 3 días de la presentación del requerimiento conclusivo

El Juzgado Penal de Garantías a cargo de Yoan Paúl López estableció el 3 de octubre como fecha tope para presentar un requerimiento conclusivo en el caso de la exjueza Tania Irún, imputada por prevaricato. Hasta ahora no se realizó la audiencia de imposición de medidas, y la Asociación Espíritu Santo anunció que como querella presentarán acusación y pedido de juicio oral y público. 

El presidente de la Asociación Espíritu Santo, Evaristo Fernández, anunció que como querella adhesiva presentará acusaciçon y pedido que se eleve a juicio oral y público el proceso penal de prevaricato contra la ex jueza Tania Irún, quien fue destituida por el Jurado Penal de Garantías por supuesto mal desempeño de funciones al ceder en su sentencia 310 mil hectáreas de tierras del Chaco protegidas por la Ley de Seguridad Fronteriza. 

La fecha tope para presentar requerimiento conclusivo es el 3 de octubre del 2022, sin embargo, denuncia Fernández, hasta la fecha no se ejecutó la audiencia de imposición de medidas cautelares que se debió de dar tras la imputación. Recordó que la imputación fue presentada por la fiscal Natalia Fuster el 31 de enero del 2022, el 7 de abril el Juez admitió la imputación, y se dio una serie de hechos dilatorios, incluyendo la recusación contra la agente del Ministerio Público que finalmente fue rechazada. 

El presidente también mencionó que el 9 de noviembre del año pasado el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) destituyó a la jueza, que fue confirmada por el pleno de la Corte Suprema de Justicia. En medio del proceso ante el JE, le ministro de la CSJ, KLuis María Benítez Riera, había dicho que «la magistrada inobservó los requerimientos de la Ley 2532/05, al momento de decidir en la causa, lo que colocó una situación de peligro al Estado en lo que hace a su seguridad territorial, en consecuencia, queda claro que existe apartamiento de la magistrada de la exigencia de la ley». Por último, Fernández señala en un comunicado que quedó probado en el proceso que hubo una conducta antijurídica por parte de la ex magistrada.

 IMPUTACIÓN Según el acta de imputación, la sentencia habría sido dictada por la jueza Tania Irún quien no habría corroborado los datos precisos de la identidades; nacionalidades de los representantes legales así como tampoco se habría tenido en cuenta la calidad de las acciones o títulos (si los mismos eran nominativos o al portador) de las firmas CUSABO LIMITED, KYVELORIA LIMITED, ELITE KINGDOM INVESTMENTS LIMITED y FIRSTAR INVESTMENTS LIMITED, en incumplimiento a lo establecido en la Ley Especial N° 2532/05 de Seguridad Fronteriza de la República del  Paraguay

.La Fiscalía sostiene que la exjueza debía tener conocimiento de los datos mencionados precedentemente a fin de confirmar o descartar lo establecido en la ley N° 2532/05, ya que los inmuebles que son objeto del juicio, se encuentran ubicados en la Zona de Seguridad Fronteriza, de acuerdo a las constancias que obran en el cuaderno de investigación fiscal y el expediente civil; como ser informes del Ministerio de Defensa Nacional, la Comisión Interinstitucional de Zona de Seguridad Fronteriza, la Secretaria Nacional de Catastro y la Dirección General de Registros Públicos.

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