Los agentes fiscales de la Unidad Especializada Anticorrupción, Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera y Diego Arzamendia presentaron Acusación contra los ocho procesados en la causa que investiga el perjuicio de Gs. 5.105.600.000 (guaraníes cinco mil ciento cinco millones seiscientos mil) a la Gobernación de Central. Entre los acusados se encuentra el exgobernador Hugo Javier González Alegre.
Los acusados: el exgobernador, Hugo Javier González Alegre, fue acusado por los hechos punibles de Lesión de Confianza, Declaración Falsa, Producción de Documentos no Auténticos y Asociación Criminal, en calidad de autor. Karina Elizabeth Mazacotte Widmer, funcionaria de la Dirección General de Control y Evaluación de la Gobernación, fue acusada en calidad de cómplice de los hechos punibles de Lesión de Confianza, Producción de Documentos no Auténticos. De los delitos de Declaración Falsa y Asociación Criminal, en calidad de coautor. Adalberto Benítez Aguilera, jefe del Departamento de Fiscalización de Obras Menores de la Gobernación, fue acusado en calidad de cómplice de los hechos punibles de Lesión de Confianza, Producción de Documentos no Auténticos y Declaración Falsa. Del delito de
Asociación Criminal fue acusado como coautor.
Lourde Verónica Lezcano Decoud, Secretaria General de la Gobernación del Departamento Central, fue acusada como cómplice por los delitos de Lesión de confianza y Declaración Falsa y como autora de los hechos punibles de Producción de Documentos no Auténticos y Asociación Criminal. Javier Marcelo Rojas Giménez, director General de Administración y Finanzas de la Gobernación, fue acusado en calidad de cómplice de los hechos punibles de Lesión de Confianza, Declaración Falsa. De los delitos de Producción de Documentos no Auténticos y Asociación Criminal fue acusado como coautor. Luis Eduardo Allende Araujo, jefe del departamento de Tesorería de la Dirección de Administración y Finanzas de la Gobernación, fue acusado en calidad de cómplice del hecho punible de Lesión de Confianza y de Asociación Criminal como coautor.
Modesta Escobar Valiente, funcionaria de la Dirección General de Control y Evaluación de la Gobernación, fue acusada por la comisión, en calidad de cómplice, de los hechos punibles de Lesión de Confianza y Declaración Falsa. Por el delito de Asociación Criminal fue acusada en calidad de coautora. Edgar José Zaracho Quintana, Director de Asesoría Jurídica de la Gobernación, fue acusado como cómplice del hecho punible de Lesión de Confianza y por Asociación Criminal en calidad de coautor.
Relación de hechos
En fecha 29 de diciembre de 2020, Hugo Javier González Alegre y su secretaría General, Lourde Verónica Lezcano Decoud, firmaron dos resoluciones de autorización y obligación de pago a favor de la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), para la realización de obras civiles y viales, con financiamiento proveniente de los Fondos para la Reactivación Económica a causa de la emergencia sanitaria del Covid-19, sin que existieran proyectos que justifiquen la firma de estas resoluciones y consecuentemente el desembolso del dinero público.
A través de dos Resoluciones fue autorizado el pago de 5.105.600.000 (guaraníes cinco mil ciento cinco millones seiscientos mil) a favor de la Fundación CIAP para la ejecución del proyectos de “Pavimentación asfáltica empedrado en el Departamento Central” y para “Construcción y Mantenimiento de espacios públicos en el
Departamento Central”. Este monto el total de los fondos disponibles para la reactivación económica. Según investigaciones, las obras ya habían sido iniciadas y algunas terminadas, con antelación al desembolsos de los fondos de la Emergencia Sanitaria. Así también que incluso doce de las obras presentaban deficiencias en su ejecución.
Con base a todo lo referido previamente, surge entonces que los acusados, a través de un esquema montado en la Gobernación del Departamento Central del cual formaban parte, provocaron al Estado Paraguayo un perjuicio de Gs. 5.105.600.000 (guaraníes cinco mil ciento cinco millones seiscientos mil), traducido en el total de los fondos para la reactivación económica desembolsados a favor de la Fundación CIAP que no fueron justificados, tanto en su concesión (no existían proyectos que justifiquen la erogación) como en su uso (primero utilizaron facturas falsas para rendir cuentas y luego crearon, cambiaron y adecuaron legajos de obras preexistentes para hacerlos parecer como si se hubieran realizado con los fondos desembolsados).
