lunes, febrero 6, 2023

Corte dilató proceso contra exjueza avalada por el cuestionado Fretes

El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, salpicado por el escándalo del Caso Hijazi y el pago de más de 2.500 millones de guaraníes a su hijo, fue cuestionado también por resolver su propia recusación en una causa donde estaba en juego 310 hectáreas de tierras evaluadas en US$ 500 millones. Todo para avalar la polémica sentencia de la ex jueza en lo Civil Tania Irún que ordenó ceder los terrenos a empresas offshore. La Sala Penal de la Corte no resolvió en tiempo la resolución de conflicto de competencia y trabó proceso contra ex jueza.

La imputada ex jueza en lo Civil y Comercial de Asunción Tania Irún fue “salvada” por el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia Antonio Fretes, ya que el ministro, en presunta actuación irregular, había rechazado su propia recusación para luego rechazar in limine la acción de inconstitucionalidad planteada en el caso Secta Moon.

En las últimas semanas Frete fue blanco de un escándalo ya que su hijo admitió que fue contratado para dar «una salida jurídica» a la extradición de Kassem Mohamad Hijazi a EEUU. Aunque, dijo que no recibió el pago de USD 368.000 que contempla el contrato que fue firmado en setiembre de 2021.

DETALLES DEL CASO HIJAZI

Según ÚH, el hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia acotó que él mismo pidió un plazo de 30 días para el contrato en una de las cláusulas, que establece que «de no haber una solución de manera a satisfacer al mandante, se procederá al reintegro de lo entregado en concepto de honorarios profesionales».

Supuestamente, Sharif Hijazi entregó un adelanto de USD 60.000 a Amílcar Fretes, pero que fue depositado a una persona de confianza y no al profesional contratado. Debido a que el contrato no se cumplió, la suma se habría devuelto al cliente.

«Yo no cobré nada, esos USD 60.000 se le devolvió, se dejó como garantía porque fue un arreglo de partes», insistió.

CASO SECTA MOON

En el caso donde Fretes resolvió su propia recusación para avalar la decisión de Irún estaba en juego 310 mil hectáreas de tierras del Chaco protegidas por la Ley de Seguridad Fronteriza y que están evaluadas en 500 millones de dólares.

El ciberactivista Alfredo Guaichiré ya había denunciado el caso a través de una publicación de Twitter. “El ministro Antonio Fretes, actual presidente de la Corte Suprema de Justicia fue el encargado de rechazar su propia recusación y no se apartó de la causa como establece el artículo 31 del código procesal civil, exponiéndose también así a una investigación penal por prevaricato”, fue uno de los posteos.

En mayo de este año ya advertía la presunta vinculación entre Irún y Fretes, “Lo que la Jueza ya imputada Tania Irún y el Ministro de la Corte Suprema de Justicia pretenden es entregar 310.048 hectáreas de tierras a firmas offshore, que ni siquiera están constituidas en el país, lo que viola la ley que prohíbe a extranjeros ser propietarios de inmuebles en zona fronteriza”, señalaba.

Ahora, la Corte Suprema de Justicia, específicamente la Sala Penal, dilata resolución de conflicto de competencia y traba proceso contra ex jueza que está imputada por prevaricato, justamente por la sentencia de ceder las tierras a las empresas extranjeras.

En el 2018 Irún había firmado una sentencia que cedía 310 hectáreas de tierras del Chaco a empresas offshore de paraísos fiscales. Por esta decisión el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) la destituyó, y se alegó supuesto mal desempeño de funciones y haber resuelto el caso presunta vulneración a la Ley de Seguridad Fronteriza.

Finalmente, el Ministerio Público abrió una causa en contra de Tania Irún y la imputó por prevaricato, pero el proceso sigue sin poder avanzar con naturalidad debido a recursos dilatorios y a un supuesto corporativismo del Poder Judicial con la ex magistrada.

Tanto es así que la Sala Penal de la Corte aún no resuelve el conflicto de competencia entre camaristas. Según los datos, por esta situación, el 15 de noviembre pasado el juez Penal de Garantías Yoan Paul López se vio obligado a suspender la audiencia preliminar de Irún.

López fijó una nueva fecha, para el 30 de noviembre a las 09:302, pero desde la máxima instancia judicial informaron que ni siquiera aún se integró la Sala, pues el ministro Manuel Dejesús Ramírez Candia se inhibió del caso.

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