El reciente atentado en la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia, que dejó al herrero Francisco Wanderley Luiz como único fallecido, ha desatado un intenso debate en Brasil sobre la polarización política y la seguridad. Wanderley, de 59 años, intentó atacar el Supremo Tribunal Federal (STF), aparentemente motivado por su aversión hacia el juez Alexandre de Moraes y su apoyo a narrativas bolsonaristas. Antes del ataque, había dejado mensajes confusos en redes sociales e incluso grabó un video con contenido peculiar.
El exmandatario Jair Bolsonaro, señalado como instigador por su retórica polarizadora, negó vínculos con el atacante, calificándolo como “un loco”. Sin embargo, jueces como Alexandre de Moraes y Gilmar Mendes aseguran que actos como este son consecuencia de un discurso de odio fomentado durante su administración, exacerbado por el llamado «gabinete del odio».
Además, el caso reaviva la discusión sobre una posible amnistía para los involucrados en los disturbios del 8 de enero de 2023, quienes enfrentan procesos judiciales. Este proyecto, impulsado por sectores bolsonaristas, ha quedado en entredicho tras el atentado.
El ataque también pone bajo la lupa la seguridad en lugares estratégicos, especialmente de cara a la reunión del G20 en Río de Janeiro. Las autoridades han sido criticadas por la tardía reacción ante el atentado, revelando vulnerabilidades preocupantes.
Otro foco de debate es la regulación de redes sociales, señaladas como catalizadoras de narrativas de odio. El gobierno de Lula busca endurecer las normativas, aunque enfrenta oposición por temor a censura.
El atentado no solo sacude a la política brasileña, sino que subraya las tensiones entre libertad de expresión, seguridad y polarización, dejando abierta la pregunta: ¿cómo avanzar hacia la pacificación sin descuidar la justicia?
