La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha ordenado una auditoría sobre los juzgados de Paz de Asunción, después de que saliera a la luz un esquema de corrupción conocido como la mafia de los pagarés. Este escándalo involucra a varios jueces de Paz de la capital, quienes presuntamente habrían ejecutado pagarés ya cancelados para embargar salarios y cobrar deudas ya finiquitadas.
La resolución tomada por el Consejo de Superintendencia de la CSJ abarca los juzgados de Paz de la Catedral, San Roque y La Encarnación. Además, la Corte solicitó a la Contraloría General de la República que realice un examen de correspondencia de bienes de los nueve jueces involucrados: Gloria Machuca, Alejandro Peña, Lourdes Yumi Piñeiro, Liliana de Bristot, Gustavo Villalba Báez, Nathalia Garcete, Carmen Analía Cibils, Víctor Rodríguez Acosta y Elvira Franco, así como de sus funcionarios.
Según denuncias, los jueces de Paz y otros implicados en el esquema habrían utilizado pagarés ya pagados por las víctimas para iniciar procesos judiciales de cobro y embargo. A pesar de las medidas adoptadas por la Corte, como la auditoría inmediata y la revisión de los bienes de los involucrados, el abogado Guillermo Ferreiro calificó la intervención como «tibia» y denunció complicidad dentro del sistema judicial. La ciudadanía espera que se tomen medidas más contundentes para erradicar esta práctica corrupta que afecta a miles de trabajadores.
Mientras tanto, los ujieres implicados en este esquema también fueron puestos bajo revisión, incluyendo figuras como Osvaldo Vera y Miguel Ángel Rolón Recalde, quienes habrían mostrado un estilo de vida incompatible con sus ingresos.
El caso sigue siendo una de las mayores preocupaciones en el sistema judicial paraguayo, y la sociedad aguarda que se haga justicia.
