El criminólogo Juan Martens advirtió que el sistema penitenciario paraguayo opera bajo una lógica de “cárcel mercado”, donde todo servicio tiene precio y un pabellón puede generar hasta G. 500 millones al mes. Desde alimentos básicos hasta televisores, drogas y espacios físicos, todo se comercializa dentro de las prisiones, lo que alimenta la corrupción y fortalece a los grupos criminales.
Martens explicó que esta realidad se sostiene porque el Estado apenas destina G. 6.000 diarios por interno para cubrir desayuno, almuerzo y cena, suma insuficiente que obliga a los presos a buscar recursos alternativos. En ese contexto, funcionarios, políticos y autoridades penitenciarias también se enriquecen gracias a la connivencia con el crimen organizado.
El especialista señaló que jueces y juezas contribuyen al colapso con el abuso de la prisión preventiva y con la negativa sistemática a aplicar beneficios procesales, lo que genera sobrepoblación y fortalece el poder de clanes como el PCC o el Clan Rotela.
Asimismo, advirtió que los traslados masivos de internos no solucionan el problema, sino que reconfiguran el negocio ilegal. Sobre el penal de máxima seguridad de Minga Guazú, denunció que viola estándares internacionales, carece de condiciones mínimas y podría acarrear condenas contra el Estado paraguayo.
Martens sostuvo que la solución pasa por reducir el número de presos, invertir en políticas sociales y reservar la cárcel para los casos realmente peligrosos.
