La justicia de Brasil ha dictado condenas contra nueve personas implicadas en la trama golpista vinculada al expresidente Jair Bolsonaro. Entre los sentenciados figuran seis militares y un policía, acusados de delitos como golpe de Estado, organización criminal, daño a bienes públicos y deterioro del patrimonio histórico.
Las penas impuestas varían entre dieciseis y veinticuatro años de prisión para la mayoría de los condenados, quienes también recibirán inhabilitación para ocupar cargos públicos. Además, un coronel fue condenado a tres años y cinco meses, y un teniente coronel a un año y once meses por cargos relacionados con incitación al delito y asociación ilícita.
Un general retirado fue absuelto al no encontrarse pruebas suficientes en su contra. Esta decisión marca un giro importante en la lucha judicial contra quienes atentaron contra la institucionalidad democrática.
Las condenas reflejan la firmeza del Supremo Tribunal Federal para sancionar no solo al expresidente, sino también a miembros de las Fuerzas Armadas vinculados con el intento de socavar el Estado de derecho. Al imponer penas severas y penas accesorias como la inhabilitación, el sistema de justicia envía un mensaje claro: nadie está por encima de la ley.
Este fallo podría tener un impacto estructural sobre la relación entre los militares y el poder civil, además de instigar un debate sobre la rendición de cuentas en casos de conspiraciones políticas y militares.
