El cobro ilegal de un peaje en la Hidrovía Paraguay-Paraná por parte del gobierno argentino ha generado un costo de aproximadamente USD 11 millones para el sector naviero. Aún quedan por pagar cerca de USD 7 millones, y este conflicto podría desencadenar un arbitraje internacional.
Julio César Vera, presidente de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), subrayó que la decisión del gobierno argentino de imponer un peaje en la Hidrovía va en contra de lo establecido en el Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra. El acuerdo permite la posibilidad de establecer una tasa por trabajos realizados en la hidrovía, pero esto no ocurrió en este caso en particular.
Paraguay ha invertido considerablemente en trabajos de dragado sin intentar cobrar tasas o peajes por ello. Ante esta situación, se ha convocado a una reunión especial de la Comisión Intergubernamental de la Hidrovía en septiembre para abordar este tema.
Vera expresó su incertidumbre sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo con Argentina, especialmente teniendo en cuenta las elecciones en el país vecino.
En cuanto al impacto económico, se han pagado más de USD 4 millones en peajes y quedan facturas pendientes por USD 11 millones, lo que resulta en un saldo pendiente de USD 7 millones. Este gasto adicional podría afectar a las empresas navieras y, en última instancia, a los consumidores y productores que exportan sus productos.
El titular de la ANNP criticó la retención irregular de buques para forzar el pago de tarifas, lo que va en contra del acuerdo de libre navegación de 1967 entre Paraguay y Argentina. Vera señaló que Paraguay cuenta con respaldo legal, incluyendo la Convención del Mar de las Naciones Unidas, a pesar de la postura intransigente de Argentina en este conflicto.
A pesar de los desafíos, Vera se mostró optimista de que prevalecerá la cordura y la prudencia para resolver el conflicto sin necesidad de llegar al arbitraje.
