El reciente conflicto entre el Instituto de Previsión Social (IPS) y el Banco Atlas por un contrato de fideicomiso firmado en 2017 será resuelto en instancias judiciales, según confirmó la Comisión Conjunta de Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos en el Congreso. Durante la sesión del 30 de octubre, el senador Gustavo Leite señaló que el IPS sostiene que el contrato con el Banco Atlas fue incumplido, mientras que los representantes del banco aseguran que «el espíritu del contrato» se cumplió en su totalidad.
Leite fue enfático al destacar que la actual administración del IPS ya presentó una denuncia en la Fiscalía y que posiblemente se amplíen las acusaciones. Además, cuestionó la falta de obras importantes, como el pabellón oncológico, contemplado en el fideicomiso. «Vamos a tener que convocar a los presidentes del IPS, desde Benigno López hasta hoy, para entender en qué momento y quién tomó decisiones sobre qué obras realizar», declaró el senador. Según Leite, el contrato original estipulaba la construcción de cuatro obras específicas, mientras que otras iniciativas ocuparon el 77% del fondo fiduciario, generando dudas sobre la responsabilidad de la gestión de los recursos.
Por su parte, el director del Banco Atlas, Juan Carlos Martin, explicó que el fideicomiso se creó tras una «larga negociación» en 2017 y aseguró que el banco solo actuaba como mandatario del IPS, cumpliendo con el contrato al pie de la letra. Martin aclaró que el banco no tenía potestad para decidir en qué usar los fondos ni para seleccionar las empresas contratistas. Según el director, «el IPS era el responsable de decidir qué obras hacer, licitar las mismas y verificar los contratos», tareas que escapaban completamente a la responsabilidad del banco.
Martin enfatizó que todas las transferencias se realizaron de acuerdo con las instrucciones del IPS, con las firmas de cinco o seis funcionarios autorizados. «El banco Atlas no decidía en qué usar los fondos, no participaba en la selección de obras ni tampoco de las empresas», afirmó, descartando cualquier irregularidad en el pago de salarios, como se había mencionado en algunas acusaciones.
Leite subrayó que será la justicia quien determine la legalidad de los pagos y la responsabilidad de cada parte. De acuerdo con el legislador, si el banco hubiera recibido una instrucción clara del IPS para incluir al director de mantenimiento, el conflicto no habría surgido. Sin embargo, al no existir una comunicación formal al respecto, las interpretaciones sobre «el espíritu del contrato» difieren, lo que ahora está bajo escrutinio judicial.
