La criptominería, una industria que llegó a Paraguay en 2020 prometiendo millonarias inversiones, se encuentra en el ojo del huracán. Un proyecto de ley que busca prohibir nuevas instalaciones de granjas de criptominería divide al país entre quienes ven en ella una fuente de ingresos y quienes la consideran una amenaza para el sistema energético.
Según datos oficiales, 75 empresas de criptominería ya firmaron contratos con la ANDE, la empresa estatal de electricidad. Estas compañías, que en su mayoría son extranjeras, aportan anualmente más de USD 210 millones en pagos de energía, generando importantes ingresos para el Estado. Además, invierten cientos de millones de dólares en infraestructura y equipos, dejando una huella económica considerable.
Sin embargo, la criptominería también ha generado preocupaciones. El alto consumo energético de estas operaciones ha puesto en jaque la estabilidad del sistema eléctrico, especialmente durante períodos de alta demanda. Además, se han detectado numerosas conexiones ilegales, lo que ha llevado al Ministerio Público a abrir más de 70 causas penales.
Ante este panorama, el Senado se encuentra analizando un proyecto de ley que busca prohibir la instalación de nuevas granjas de criptominería. La propuesta, impulsada por el gobierno, busca poner fin a las conexiones ilegales y garantizar un uso eficiente de la energía.
Félix Sosa, presidente de la ANDE, aseguró que con la nueva ley se podrá combatir de manera más efectiva a los operadores ilegales, gracias a penas más severas y la incautación obligatoria de equipos. Sin embargo, la medida también podría afectar a las empresas que operan de forma legal, las cuales han realizado importantes inversiones en el país.
La decisión del Senado tendrá un impacto significativo en el futuro de la criptominería en Paraguay. ¿Se convertirá esta industria en un motor de desarrollo económico o será considerada una amenaza para el sistema energético? La respuesta a esta pregunta marcará el rumbo de un sector que ha generado gran controversia.
