Un escándalo judicial estalló tras el allanamiento al estudio jurídico de la abogada Zully Ortiz García, quien tenía seis armarios exclusivos con expedientes en el Juzgado de Paz de Benjamín Aceval. Se incautaron 2.604 expedientes vinculados a las empresas Vanesa y Asociados SA, RTO SA y la Asociación de Educadores Ovetenses, que formarían parte de una red ilegal de ejecución de pagarés.
El fiscal Irán Suárez, a cargo del caso, también encontró 773 expedientes ya cerrados y 193 carpetas en las que Ortiz actuaba como demandante contra particulares. «Nos sorprendió la magnitud del esquema. La investigación será minuciosa para determinar cómo se realizaban las notificaciones y cobros», afirmó Suárez.
Durante los allanamientos en su domicilio y en la sede judicial, se incautaron computadoras y celulares de funcionarios involucrados. Además, se detectaron posibles irregularidades en la tramitación de los expedientes.
La investigación continúa para desentrañar el alcance de la operación y determinar responsabilidades en este presunto esquema fraudulento que afectó a cientos de ciudadanos.
