En un fallo reciente, la Cámara de Apelación ratificó la medida cautelar que prohíbe innovaciones sobre la Finca N° 916, ubicada en Remansito, en un acto que favorece al Estado paraguayo en una compleja disputa legal. La medida, previamente dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, ordena la prohibición de innovar sobre esta propiedad y permite únicamente actividades de las Fuerzas Armadas.
Esta acción legal fue impulsada por la Procuraduría General de la República, que solicitó el embargo preventivo de propiedades en posesión de un grupo de ocupantes “VIP” para salvaguardar los intereses del Estado. Al fallar en contra de estos demandados, quienes apelaron la medida, la Cámara de Apelación confirmó que la resolución inicial cumplía con todos los requisitos legales.
El embargo afecta a varios propietarios con elevadas sumas involucradas, incluyendo a Miguel Antonio Reynal Vera, embargado por 280 millones de guaraníes; Jorge Raúl García Rotela y María del Socorro García de Ferreira, por 300 millones de guaraníes; y Giovanni Martín Amaini Fischer, por 250 millones de guaraníes. Otros implicados como Horacio Melgarejo Lezcano, Diego Emilio Melgarejo Lezcano y Claudelina Lezcano de Melgarejo enfrentan embargos de 85 millones de guaraníes.
La lista también incluye a Ronney Daniel González Fernández, Alfredo José Vinader Casali, y Víctor José Vinader, con montos que oscilan entre 27 millones y 212 millones de guaraníes. Esta sentencia marca un hito en la defensa de los bienes públicos, fortaleciendo la posición del Estado en la protección de terrenos de alto valor y evitando su explotación o venta sin la debida autorización oficial. La medida sienta un precedente en la lucha por el resguardo de los intereses estatales en Paraguay.
