Irán ejecutó a 11 personas el domingo en varias ciudades, como Yasuj, Tabriz, Zahedan y Rasht, en medio de un creciente uso de la pena de muerte por parte del régimen teocrático. Entre las víctimas se encuentran una mujer y un ciudadano afgano. Las condenas, relacionadas con delitos de drogas y homicidios, reflejan la intensificación de las autoridades iraníes para consolidar su control interno y disuadir el crimen.
En Yasuj, un joven de 25 años, Saman Karimi, fue ejecutado por homicidio premeditado, un caso que ha levantado críticas debido a irregularidades en su proceso judicial. En Tabriz, Mahrokh Khani (35 años) y Kazem Babaei (aproximadamente 45 años) fueron ejecutados por tráfico de drogas. En Zahedan, Mohammad Nabi Papalzehi, un afgano de 28 años, fue ejecutado también por delitos relacionados con drogas, en un proceso cuestionado por la falta de garantías legales.
Estas ejecuciones se producen a pesar de la creciente presión internacional para reducir o abolir la pena de muerte en Irán, que se encuentra entre los países con mayor tasa de ejecuciones del mundo. Organizaciones como Amnistía Internacional denuncian el uso excesivo de esta práctica, especialmente en casos de delitos de drogas, y señalan que la pena capital se ha convertido en una herramienta de represión, afectando especialmente a minorías y personas vulnerables.
En medio de esta escalada, las autoridades iraníes también han condenado a muerte a la activista kurda Varishe Moradi, acusada de «rebelión armada contra el Estado». Su condena refleja el enfoque del régimen hacia los opositores políticos y activistas de derechos humanos.
Este aumento en las ejecuciones genera creciente alarma en la comunidad internacional sobre la situación de los derechos humanos en Irán.
