En un giro controvertido, el juez José Guillermo Trovato Fleitas rechazó in límine el amparo presentado por el Centro de Estudios Judiciales (CEJ) contra la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) del Congreso Nacional. Esta decisión ha intensificado el debate sobre la legitimidad de las exigencias de la CBI a organizaciones civiles.
El CEJ, una organización dedicada a mejorar la calidad democrática y el estado de derecho en Paraguay, buscaba protegerse de la obligación de entregar información privada a la CBI. Sin embargo, el juez Trovato Fleitas declaró el amparo «notoriamente inadmisible», argumentando que esta vía legal no es apropiada para discutir la pertinencia de los requerimientos del Congreso.
La abogada Diana Vargas, especialista en derechos humanos, criticó la decisión, señalando que el requerimiento carece de fundamento legal. Por su parte, María Victoria Rivas, directora del CEJ, había expresado previamente su preocupación por las acciones de la CBI, advirtiendo sobre el potencial impacto negativo en la cooperación internacional y las consecuencias para los sectores más vulnerables del país.
La CBI, apodada «Comisión Garrote» por senadores opositores, enfrenta acusaciones de desviarse de su propósito original de investigar el lavado de activos, para intimidar a organizaciones de la sociedad civil. Este conflicto subraya las tensiones crecientes entre el poder legislativo y las organizaciones no gubernamentales en Paraguay.
La decisión judicial ha generado preocupación entre activistas y defensores de derechos humanos, quienes temen que esto pueda sentar un precedente peligroso para la libertad de asociación y la independencia de la sociedad civil en el país.
