La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de Ley de Protección de Datos Personales, con modificaciones que generaron fuertes críticas. La más cuestionada es la introducción al artículo 24, que permite negar el acceso a información pública si la persona investigada no consiente expresamente la divulgación de sus datos.
También se alteró el artículo 7, que ahora exige autorización del titular de la patria potestad para tratar datos de menores de hasta 15 años. Para adolescentes de 16 a 18 años, se requerirá su consentimiento junto al de los padres.
Otras modificaciones afectan la transferencia internacional de datos (art. 19), la designación del director de la Agencia Nacional de Protección de Datos (art. 37) y la delimitación de sanciones por incumplimientos (art. 43).
La abogada Alejandra Peralta Merlo advirtió que la ley “colisiona con la Constitución” y fortalece la corrupción. Afirmó que restringe el acceso a datos públicos sin una justificación válida como seguridad nacional o salud pública.
Diputados deberá volver a estudiar el proyecto, que fue impulsado desde 2021. Organizaciones civiles y especialistas alertan sobre el riesgo de que se utilice como herramienta para blindar a funcionarios públicos y limitar el derecho a la información.
