Representantes comunidades ayoreo de Alto Paraguay y de Boquerón se encuentran en la capital con el motivo de realizar reclamos ante el Ministerio Público, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y el Congreso por la inacción del Estado ante denuncias efectuadas por invasiones a sus tierras y por la intimidación de grupos paramilitares.
Los líderes y lideresas ayoreo presentaron notas dirigidas al Dr. Óscar Salomón, Presidente del Congreso Nacional, Dra. Sandra Quiñonez, Fiscala General del Estado, Dr. Arnaldo Giuzzio, Ministro del Interior, y el Gral. Bernardino Soto Estigarribia en la cual denuncian las invasiones a sus tierras y la intimidación de personas armadas en Puerto María Auxiliadora, distrito de Carmelo Peralta, Alto Paraguay.
Los invasores ingresan a territorio ayoreo con topadoras, tractores y maquinarias, deforestando, sacando postes y alambrados. Esta situación se agrava con amenazas de grupos armados de origen brasileño, que se encuentran ocupando tierras a pocos kilómetros de la frontera, en territorio ayoreo, destruyendo alambrados de la comunidad indígena. Ante esta preocupante realidad, los líderes realizaron varias denuncias ante la Policía jurisdiccional y el Ministerio Público; sin embargo, los denunciantes no obtienen respuesta alguna de estas instituciones del Estado.
Según los líderes indígenas, la presión sobre los recursos naturales en su territorio se acrecentó con el inicio y desarrollo de la construcción del Corredor Bioceánico. El impacto se observa en la destrucción de los cerros para la producción de ripio destinado a la pavimentación de dicha obra así como la demanda de madera destinada a postes y a la construcción. Esta obra representa la apertura de caminos para el tránsito a través de su territorio, exponiéndolo al saqueo y la cacería furtiva.
Los ayoreo de Puerto María Auxiliadora actualmente llevan adelante varios casos judiciales debido a los intentos de inescrupulosas empresas de origen extranjeras por destruir el bosque, abrir las picadas, saquear madera y poco a poco apoderarse de sus tierras y recursos, con la complicidad de fiscales y jueces corruptos y bajo la amenaza de grupos paramilitares. Esta realidad ocurre en un contexto en donde los desalojos a pueblos indígenas llevan incrementándose, especialmente en los últimos años.
