Un nuevo escándalo relacionado con la llamada “mafia de los pagarés” ha generado indignación pública, tras revelaciones sobre prácticas irregulares en el cobro de deudas. Un denunciante anónimo aportó información clave que conecta a algunos funcionarios judiciales con estilos de vida lujosos que no corresponden a sus ingresos oficiales, sumando sospechas a un sistema ya cuestionado.
El abogado Jorge Rolón Luna, conocido por sus investigaciones y denuncias, señaló que estas irregularidades están vinculadas al sistema de cobro de deudas en mora, donde la empresa Nexo, dedicada a la recuperación de deudas desde 1997, tiene un rol central. Según su página web, Nexo se especializa en ofrecer soluciones adaptadas a la capacidad y voluntad de pago de los deudores.
Sin embargo, Rolón Luna ha denunciado públicamente cómo algunos funcionarios, como los ujieres judiciales que ganan aproximadamente tres millones de guaraníes al mes, exhiben un estilo de vida lleno de lujos. Entre los casos más destacados, se mencionan vehículos de alta gama, viajes internacionales y celebraciones extravagantes, como una boda realizada en Talleyrand con actuaciones de grupos musicales reconocidos, evidenciando un gasto exorbitante.
“El tema explotó cuando publiqué fotos de estos funcionarios disfrutando de vidas de lujo”, señaló Rolón Luna, quien subrayó que la sociedad paraguaya tiene una animadversión creciente hacia la corrupción, especialmente en un contexto económico difícil. “La corrupción genera una predisposición negativa y un enorme riesgo para la confianza pública”, agregó.
Las prácticas cuestionadas en torno al cobro de pagarés han despertado un debate nacional. Mientras algunos deudores denuncian presiones indebidas y abusos, las imágenes de funcionarios vinculados al sistema viviendo de manera ostentosa han intensificado las demandas de explicaciones y sanciones.
Aunque no se han presentado pruebas directas que vinculen a Nexo con estos lujos, su papel dentro del sistema de recuperación de deudas ha sido destacado en las denuncias, lo que pone a la empresa bajo el escrutinio público.
El caso continúa siendo investigado, y la ciudadanía exige transparencia y justicia frente a un problema que pone de manifiesto las profundas desigualdades y la corrupción en el sistema judicial y financiero del país.
