A pesar de los escándalos destapados y la remoción de jueces y funcionarios judiciales, la Fiscalía aún no investiga a las casas comerciales involucradas en la mafia de los pagarés. Este esquema corrupto, que opera con total impunidad desde hace años, permitió embargos ilegales a miles de víctimas mediante juicios fraudulentos en Juzgados de Paz.
El abogado Guillermo Ferreiro calificó la situación como un “cáncer que hizo metástasis”, señalando la tibia reacción de la Corte Suprema de Justicia. Aunque se dispuso la auditoría de los Juzgados de Paz y la suspensión de dos juezas vinculadas, las casas comerciales que iniciaron los juicios siguen sin ser investigadas.
Entre las empresas denunciadas se encuentra Vanessa y Asociados SA, propiedad de Julio César Paiva y Mirtha Methel, que promovió cientos de demandas con el patrocinio de Zully Ortíz García, abogada sancionada en 2023 por estas prácticas. Su hijo, Julio Paiva Methel, propietario de JPM Company, ostenta en redes sociales una vida de lujos, mientras las víctimas sufren los descuentos compulsivos de sus salarios.
Las víctimas exigen a la Fiscalía, Tributaciones y Seprelad que investiguen a estas firmas y el origen de sus fortunas. Aunque la fiscala adjunta Soledad Machuca prometió centralizar las denuncias, hasta ahora los avances son mínimos y la impunidad sigue intacta.
