En una situación que pone de manifiesto prácticas cuestionables en la administración pública, el ex diputado del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Andrés Giménez, y su esposa, Marisa Gladys Castro de Giménez, siguen recibiendo salarios de la Cámara de Diputados, a pesar de que Andrés abandonó su cargo legislativo hace ya una década, en 2013.
De acuerdo con información disponible en el portal de funcionarios públicos del Ministerio de Economía, Andrés Giménez percibe mensualmente la suma de G. 10.300.000 como «asesor». Por otro lado, su esposa, Marisa Gladys Castro de Giménez, recibe G. 8.300.000, y su hijo, Ángel Rotela Castro, figura con un salario de G. 7.400.000. Resulta llamativo que, aunque Andrés Giménez ya no ejerce como diputado, continúe beneficiándose económicamente de la función pública bajo la categoría de «asesor».
El nepotismo se hace evidente al observar que la familia Giménez, en su totalidad, está comisionada al municipio de Villa Ygatimí. Este municipio tiene como intendente a Ricardo Giménez, hermano del ex diputado. Este caso plantea serias interrogantes sobre la ética y la transparencia en la designación de cargos públicos, así como sobre la necesidad de revisar y reformar las prácticas de empleo en la administración estatal.
Este no es un caso aislado, sino otro ejemplo en una larga lista de situaciones relacionadas con el nepotismo en el ámbito político. La preocupación radica en cómo estas prácticas pueden afectar la credibilidad de las instituciones y la confianza de la ciudadanía en sus representantes. Es imperativo que se aborden estas cuestiones para fortalecer la integridad y la legitimidad de las instituciones gubernamentales. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para construir una sociedad justa y equitativa.
Fuente UH
