El director de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, continúa escudándose en el tratado de la binacional para ocultar la rendición de sus gastos. A través de un subordinado respondió al contralor Camilo Benítez sobre el equipo de auditores conformado y documentaciones requeridas, alegando que la provisión dependerá de los resultados de una reunión que se formalizaba el día de ayer.
La misión de la Contraloría para auditar Yacyretá había sido encomendada por el Senado de la República, a raíz de la serie de denuncias de irregularidades sobre el uso de los fondos sociales. En sesión, se había también mencionado la violación de la Ley de Transparencia al negar información al equipo de investigación del Grupo Nación, sobre transferencias económicas a organismos sociales, no gubernamentales, gubernamentales y gastos en publicidad.
Mediante la nota firmada por Óscar Ovelar, secretario general de Yacyretá, la entidad había condicionado la admisión de los auditores a la reunión de ayer entre los ejecutivos de ambas márgenes. A últimas horas de la tarde, el citado subordinado confirmó que no permitirán el acceso a la Contraloría por el estatus de binacional que tienen.
Por su parte el asesor jurídico de la Contraloría, Darío Ortega, adelantó que el único camino que les queda como órgano de control es solicitar una orden judicial para allanar Yacyretá, conforme al artículo 20 de la Ley Orgánica 276.
“Ustedes ya saben nuestra posición”, respondió Ovelar al ser consultado sobre la decisión que tomaron ambas márgenes de impedir la auditoría de la Contraloría a la entidad.
