La mayoría de las organizaciones no gubernamentales (ONG) decidieron no participar en la reunión convocada por el Ejecutivo para discutir la reglamentación de la ley de control a las ONGs. Este encuentro, realizado el 13 de noviembre en Mburuvicha Róga en ausencia del presidente Santiago Peña, fue dirigido por el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, y buscaba involucrar a la sociedad civil en el proceso de reglamentación de la ley recientemente promulgada.
Sin embargo, los representantes de las ONGs mostraron resistencia a participar en el proceso, argumentando que una reglamentación no puede contradecir la ley misma, especialmente si consideran que esta es inconstitucional. Ezequiel Santagada, uno de los pocos que asistió, explicó que la reunión fue de carácter exploratorio, sin acuerdos concretos, y reiteró que no buscan validar la ley ni renunciar a la posibilidad de presentar acciones judiciales una vez que entre en vigor.
El Ejecutivo, por su parte, insiste en la necesidad de una reglamentación participativa, y ha encomendado el trabajo al Equipo Nacional de Estrategia País (ENEP), lo que ha sido criticado por los referentes de la sociedad civil. Señalan que esta entidad no representa a las organizaciones afectadas por la ley, y algunos como Yan Speranza sostienen que la reglamentación debe ser responsabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Representantes de organizaciones como Codehupy y Semillas para la Democracia anticipan que, una vez que la reglamentación sea oficial, presentarán acciones de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema. A pesar de las gestiones del Ejecutivo, el rechazo de las ONGs a la ley sigue siendo firme, lo que plantea un futuro incierto sobre la implementación de la normativa.
