En un giro inesperado que sacude el escenario político paraguayo, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha lanzado un desafío directo al presidente Santiago Peña. Mediante un documento enviado a la Presidencia de la República, tres relatoras especiales del organismo internacional han instado al mandatario a reconsiderar el polémico proyecto de ley que busca establecer control y transparencia sobre las ONG en el país.
El documento, firmado por Gina Romero, Irene Khan y Mary Lawlor, expertas en derechos de asociación, libertad de expresión y defensores de derechos humanos respectivamente, advierte sobre posibles restricciones a derechos fundamentales de los ciudadanos paraguayos.
Las relatoras expresan preocupación por varios artículos del proyecto, incluyendo el registro obligatorio bajo el Ministerio de Justicia y los requisitos detallados de financiamiento. Argumentan que estas medidas podrían imponer cargas excesivas, especialmente a organizaciones de base y con estructuras informales.
Particularmente cuestionado es el artículo 9, que prohíbe a organizaciones no registradas establecer relaciones contractuales con entidades estatales, lo cual es visto como una posible injerencia indebida en la autonomía de las ONG.
El Consejo de Derechos Humanos insta a Peña a fomentar una discusión pública inclusiva, involucrando directamente a la sociedad civil. Además, recomienda desarrollar una legislación que apoye el trabajo de las ONG en un entorno de transparencia, reconociendo su papel crucial en la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de la democracia paraguaya.
Este pronunciamiento de la ONU añade una nueva dimensión al debate, poniendo al gobierno de Peña bajo presión internacional y cuestionando el equilibrio entre transparencia y libertad de asociación en Paraguay.
