El presidente Santiago Peña promulgó la denominada ley antimafia de los pagarés, que busca frenar los abusos en los descuentos salariales a empleados públicos, práctica utilizada por una red criminal integrada por funcionarios judiciales y empresarios privados. La normativa establece límites y procedimientos para embargos y retenciones sobre los salarios de los trabajadores de la Función Pública.
La ley, que lleva el número 7564, fue impulsada tras revelarse un esquema de cobros irregulares contra docentes, jubilados y trabajadores de la salud, muchos de los cuales fueron amenazados por negarse a pagar deudas manipuladas mediante pagarés falsos o ilegales. “Es una medida orientada a erradicar prácticas injustas que comprometieron el bienestar de numerosas familias”, expresó Peña al anunciar la promulgación.
La normativa protege beneficios como subsidios, aguinaldos y otros pagos sociales, que no podrán ser embargados bajo ninguna circunstancia. Además, limita los descuentos judiciales a un máximo del 50% del salario, incluso en casos de servidores con múltiples vínculos laborales.
La Fiscalía investiga a cinco jueces de Paz, ujieres, notificadores y abogados de 19 casas de cobranzas por su participación en el esquema, mientras que la denuncia llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, involucrando al propio presidente del máximo tribunal, César Diesel, cuyo hermano es accionista de una de las empresas señaladas.
