Vecinos del barrio Vista Alegre, en Chaco’i, denunciaron que el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) “cerró los ojos” ante las inundaciones que atribuyen a las obras de la empresa Terminal Occidental SA (TOSA). Según las veinte familias afectadas, pese a que hubo dictámenes de impacto ambiental negativo y sanciones previas, la compañía continuó con sus construcciones en la zona franca otorgada por decreto en 2020.
En 2021, una fiscalización ambiental constató la alteración de cursos hídricos, lo que derivó en una multa a TOSA de 300 jornales mínimos y la obligación de compensar con 40 hectáreas de servicios ecosistémicos. Para los pobladores, esta sanción fue “irrisoria” y no incluyó medidas inmediatas de reparación ni atención a las víctimas.
Durante 2023, nuevas inspecciones concluyeron que las obras no debían comprometer la salud ni el entorno de la comunidad. Sin embargo, los vecinos aseguran que los daños persistieron y que la empresa incumplió con la instalación de bombas para el desagote, provocando anegamientos.
En octubre de 2024, la Dirección de Fiscalización Ambiental emitió actas por presuntas irregularidades, aunque en junio de 2025 la jueza Luz Espínola resolvió sobreseer a TOSA, señalando que no se evidenciaron incumplimientos.
Los afectados, representados por abogados, sostienen que hubo una estrategia de intervenciones en momentos de bajante, lo que permitió minimizar las evidencias de daño ambiental.
