La Cámara de Senadores aprobó el proyecto «Ley de Insolvencia» con el que por 70 días de retraso en el pago de una deuda, el acreedor podrá gestionar la quiebra del deudor y éste deberá pagar a los abogados y a los síndicos.
Una vez que se determine el apoderamiento legal de todos los bienes del deudor, éstos serán administrados por los síndicos de quiebras, que deberán liquidar todo el patrimonio para pagar al acreedor. La iniciativa fue impulsada por el Ejecutivo y pasa a Cámara de Diputados.
Opiniones contrapuestas
“Creo que esa ley tiene sus cosas positivas y negativas, algunas cuestiones que tienen que ser consideradas. Creemos que sería importante que la implementación de esta ley pueda ser aplicada entre 18 a 24 meses después de esta pandemia”, consideró Cristian Sosa, director ejecutivo de la Asociación de Emprendedores del Paraguay (ASEPY).
Sosa mencionó que 9 de cada 10 MIPYMES registran actualmente una caída del 50% en la facturación durante estos últimos meses de la pandemia, según una encuesta hecha por la propia ASEPY. Adelantó que otros resultados de la consulta hecha a 400 empresas serán presentados el jueves.
Por su parte, el senador Fernando Silva Facetti aclaró que la ley de insolvencia lo que busca es darle mecanismos de solución a las personas que no pueden cubrir sus deudas cuando sobrepasan el valor de su patrimonio.
“No es que yo entro en insolvencia cuando me retraso tres meses en mi deuda, si no pago tres meses va a seguir siendo como ahora: le van a notificar, intimar al pago y si no cumple le abren un juicio de reclamo, la insolvencia se da cuanto juntando todo lo que tenés no es suficiente”, explicó el senador Fernando Silva Facetti.
Por su parte, Bruno de Felippe, de la Asociación de Emprendedores del Paraguay explicó que «las pequeñas quiebras son hasta 100 salarios mínimos y nosotros sugerimos que se amplíe hasta 200 salarios mínimos para que se agrande el margen de lo que es considerado pequeña quiebra”.
«Estamos estudiando minuciosamente punto por punto con un amplio equipo de especialistas, escuchando las posturas de los gremios, especialmente las MIPYMES. -No se va a tratar en los próximos días«, indicó la diputada Kattya González.
«Este no es el momento sanitario ni económico para tocar un tema como este» «Un deudor, un comerciante está obligado en 90 días a declararse en estado insolvente, sino lo hace otra persona puede hacer la solicitud de quiebre» «Ahora la normalidad es el estado de insolvencia. Esta Ley va a afectar a aquellos comercios que están en esa situación«, expresó el abogado Edward Arca, director del Centro de Atención al Deudor.
Miguel Aranda, asesor jurídico de la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), explicó en una entrevista concedida a Última Hora que el gremio sigue analizando el tema, considerando que el documento es complejo, pero que a priori ya tienen preocupaciones sobre ciertos aspectos.
Hizo hincapié en el artículo 9 del proyecto, que habla del deber del deudor comerciante de pedir la convocación de acreedores o quiebra. Según el escrito, el deudor en insolvencia (que cuenta con uno o más incumplimientos o hechos que impidan cumplir regularmente con las deudas a su vencimiento) tiene hasta 90 días para presentarse a un juzgado competente.
El plazo corre desde la fecha del segundo incumplimiento de obligaciones que pudiera derivar en la impotencia patrimonial para cumplir con los requerimientos. A partir de la presentación ante el juez surgen tres opciones para el deudor: pedir la convocatoria de acreedores, su quiebra o solicitar homologar un acuerdo extrajudicial, que es una nueva figura que se crea.
Para Aranda, el proyecto sobre insolvencia “no deja de ser interesante” desde el punto de vista de la necesidad de actualizar la Ley de Quiebras, pero expresó preocupación a que la normativa, en caso de aprobarse, pueda tener un efecto perjudicial.
