El juez Yoan Paul López declaró la prescripción y el sobreseimiento definitivo del senador y exministro del Interior Rafael Filizzola, acusado por lesión de confianza en una causa de más de 12 años de duración. El caso investigaba presuntas irregularidades en una licitación de G. 1.200 millones para reparar comisarías en Asunción.
La defensa de Filizzola, a cargo de Guillermo Duarte Cacavelos, responsabilizó al propio Ministerio Público por la extinción del proceso. Según el abogado, los fiscales Aldo Cantero, Federico Espinosa e Igor Cáceres realizaron una serie de recusaciones —hasta cinco— que involucraron incluso a ministros de la Corte Suprema como Miguel Bajac, Sindulfo Blanco y César Garay. La jueza Alicia Pedrozo también fue recusada.
Estas maniobras dilatorias impidieron que se llegue a una sentencia en tiempo y forma, favoreciendo finalmente al acusado. “Los fiscales trabaron el proceso y permitieron que se cumpla el plazo de prescripción”, aseguró Duarte, quien calificó el accionar como “inconducta procesal”.
El sobreseimiento reaviva el debate sobre la utilización de chicanas legales en procesos de alto perfil político y el rol de los fiscales en el desgaste del sistema judicial.
