La parte afectada por la sentencia que cedía 310 mil hectáreas de tierras del Chaco a empresas de maletín de paraísos fiscales presentó los antecedentes a la Procuraduría General de la República. Conforme a la Ley de Seguridad Fronteriza, la multa de US$ 30 millones debería ser aplicada a magistrados, funcionarios y escribanos que avalaron la sentencia de la ex jueza Tania Irún, imputada por prevaricato.
La Asociación Espíritu Santo, denunció los hechos ante el procurador general Rodolfo Andrés Barrios Duba, sin olvidar que ya el Ministerio de Defensa Nacional había remitido los antecedentes del caso a la Procuraduría en atención a que se vulnera la Ley de Seguridad Fronteriza, pues las tierras transferidas en primera instancia a las offshore se encuentran bajo protección de dicha normativa.
En cuanto a las sanciones, el artículo 8 indica que: “los actos jurídicos que contraríen lo dispuesto en esta Ley, serán nulos, sin perjuicio de las demás sanciones que pudieran corresponderles a los jueces, funcionarios y a los notarios públicos intervinientes. La nulidad del acto traerá aparejada una multa equivalente al doble del valor de la operación.”
Es decir, la Procuraduría General de la República, según publicaciones periodísticas, por pedido del Ministerio de Defensa Nacional, ya inició el análisis de factibilidad de aplicación de una multa que podría llegar a unos US$ 30 millones para los responsables de la entrega de tierras.
Los afectados podrían ser la ex jueza de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Tania Carolina Irún, quien fue destituida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por este mismo fallo y que se encuentra imputada por prevaricato, además de las camaristas que avalaron la sentencia de Irún, Antonia López, Stella Marys Zárate y Miguel Ángel Rodas, entre otros.
