El pasado 10 de diciembre, en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, un grupo de abogados y referentes jurídicos en la materia presentaron un proyecto de Ley que «crea la Comisión Nacional para el estudio de mecanismos de recuperación de tierras malhabidas«.
Entre los firmantes se destacan el exministro de la Corte Suprema de Justicia e integrante de la Plataforma Social de DDHH, Dr. Luis Lezcano Claude; el Dr. Rogelio Goiuburú, actual titular de Reparación y Memoria Histórica del Ministerio de Justicia e hijo del Dr. Agustín Goiburú, médico desaparecido por la dictadura de Alfredo Stroessner; el Dr. Alberto Alderete, expresidente del INDERT e investigador de la Comisión de Verdad y Justicia; y la Mg. Milena Pereira Fukuoka también integrante de la Plataforma Social de DDHH, Memoria y Democracia y especialista en derecho agrario.
En nota entregada en Cámara de Senadores, las organizaciones y firmantes exponen los fundamentos «y la importancia de darle seguimiento a las recomendaciones de la Comisión de Verdad y Justicia en su informe final, la recuperación de estas tierras y adjudicación a sujetos de la reforma agraria desbarata la adquisición ilegal de lotes en colonias y asentamientos campesinos, territorios indígenas, inmuebles públicos, además de todo un sistema de superposición de títulos de propiedad«.
En la exposición de motivos, la nota señala que «La Fiscalía General del Estado no ha abierto ninguna línea de investigación respecto de ese esquema tan grave de corrupción, de malversación de tierras públicas que debían ser destinadas a las y los sujetos de la reforma agraria, pese a haberse constatado que el mismo continuó funcionando luego de la apertura política en 1989. Tampoco ha sido posible recuperar ninguna tierra malhabida a través de procedimientos judiciales tramitados ante la jurisdicción civil, con la excepción de una parte de las tierras de la comunidad San Isidro del Jejuí«.
