Miembros de la comunidad indígena Xákmok Kásek, del Pueblo Sanapaná, denunciaron este miércoles ante el Ministerio de Salud el incumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que desde 2010 obliga al Estado paraguayo a garantizar servicios de salud adecuados en Irala Fernández, Departamento de Presidente Hayes.
A más de una década de la sentencia, más de 70 familias siguen sin una Unidad de Salud Familiar (USF), y deben enfrentar serias dificultades para acceder a atención médica. «Estamos cansados de las falsas promesas», reclamó Milciades González, referente de la comunidad, tras un encuentro con funcionarios del ministerio en ausencia de la ministra María Teresa Barán.
Los representantes indígenas reiteraron la urgencia de habilitar la USF con equipamiento completo y personal capacitado, además de solicitar una ambulancia y la contratación de profesionales de salud. Sin embargo, la respuesta oficial se limitó a señalar «trabas burocráticas» que impiden avanzar con la habilitación. También se aclaró que la USF —de implementarse— solo brindaría atención básica, lo cual fue rechazado por la comunidad.
El Estado paraguayo acumula años de retraso en el cumplimiento de sus obligaciones hacia comunidades indígenas, pese a los compromisos internacionales asumidos. Se espera una nueva reunión para finales de mayo, donde las autoridades prometieron brindar respuestas concretas.
