La Cámara de Senadores de Paraguay ha aprobado una declaración instando a la Procuraduría General de la República a emprender acciones legales para la recuperación de la finca N.° 916, conocida como “Jardines de Remansito”, que abarca 131 hectáreas y se encuentra en Villa Hayes, departamento de Presidente Hayes. Esta propiedad es del Estado paraguayo y específicamente del Ministerio de Defensa. La declaración del Senado representa un intento de revertir la desafectación de la finca a favor de los actuales ocupantes, una decisión aprobada por el Congreso que ha sido anunciada para ser vetada por el presidente de la República, Santiago Peña.
Desarrollo:
El Senado paraguayo ha tomado una posición firme respecto a la propiedad estatal N.° 916, más conocida como “Jardines de Remansito”, que ha sido objeto de ocupación ilegal. La cámara alta del Congreso ha aprobado una declaración en la que exhorta a la Procuraduría General de la República a tomar medidas legales para recuperar estas tierras que pertenecen al Estado paraguayo, específicamente al Ministerio de Defensa.
La situación se agrava por la reciente aprobación por parte del Congreso de la desafectación de la finca a favor de los actuales ocupantes. Sin embargo, el presidente de la República, Santiago Peña, ha dejado claro su posición de vetar esta iniciativa parlamentaria. Considera que es su deber defender lo que es de todos los paraguayos y ha expresado su compromiso en no permitir la desafectación de la propiedad.
El procurador general de la República, Marco Aurelio González, también ha manifestado su postura en este caso. Asegura que la institución que dirige será “inflexible” en este asunto y cumplirá con la instrucción del presidente de recuperar las tierras para el beneficio de todos los paraguayos.
Conclusión:
La declaración del Senado paraguayo es un paso importante en la protección de los recursos y propiedades del Estado. La firmeza en la defensa de la finca N.° 916 “Jardines de Remansito” es fundamental para garantizar que los intereses de todos los ciudadanos se vean protegidos. Este caso refleja la importancia de la colaboración entre los poderes del Estado para abordar situaciones que involucran la propiedad pública y garantizar el cumplimiento de la ley en beneficio de la sociedad.
