La intención del intendente de Luque, Carlos Echeverría, de privatizar nuevamente el cobro de impuestos reactivó sospechas de corrupción y maniobras políticas. La propuesta fue presentada por el concejal oficialista Arnaldo Baeza, en plena antesala electoral, lo que generó fuertes críticas por parte de la oposición. La concejala liberal Belén Maldonado advirtió que el objetivo real sería montar una recaudación paralela para financiar las campañas de los candidatos afines al jefe comunal.
La iniciativa no es nueva: en 2017, bajo la misma administración, el cobro fue adjudicado a firmas ligadas al clan González Daher, como Relevamientos Catastrales SA y Relcat Paraguay. Aquel contrato de 15 años terminó en escándalo por beneficiario al entonces senador con descuentos irregulares y un millonario juicio contra la comuna.
Hoy, pese a múltiples denuncias por apropiación de tierras fiscales e irregularidades administrativas, Echeverría busca apoyo en su bloque de 11 concejales —incluidos a liberales aliados— para avanzar con la tercerización.
«El escenario no ofrece garantías ni transparencia», dijo el precandidato colorado disidente Hugo Farías. En medio de un proceso electoral, la medida genera rechazo transversal, pero la presión de fuerzas en la Junta parece garantizarle al intendente luz verde para seguir adelante.
