La fábrica de embutidos Ochsi, ubicada en San Lorenzo, Departamento Central, se encuentra nuevamente en el centro de la polémica tras reportarse una segunda fuga de amoníaco este año. El incidente, ocurrido alrededor de las 9:30 de la mañana, ha resultado en la hospitalización de cuatro trabajadores, reavivando los temores y las críticas que surgieron tras la tragedia de febrero pasado, cuando una fuga similar cobró la vida de cuatro personas y dejó 14 heridos.
Miguel Godoy, ex defensor del Pueblo y abogado de la familia de una de las víctimas fatales del incidente anterior, confirmó el nuevo caso a los medios locales. El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess) ha enviado fiscalizadores a la planta para investigar el suceso, mientras que la policía local intenta verificar los detalles del incidente.
Según el comisario Oscar Cuevas, jefe de la Comisaría Primera de San Lorenzo, un funcionario de la planta informó que se detectó una anomalía en el tablero de control de temperatura, lo que podría haber desencadenado la fuga. Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han podido confirmar oficialmente la ocurrencia de la fuga.
Los cuatro trabajadores afectados fueron trasladados al Hospital del Instituto de Previsión Social (IPS) Ingavi. El director médico, Osvaldo Insfrán, informó que los pacientes se encuentran en buenas condiciones, pero permanecerán bajo observación debido a que las complicaciones por inhalación de amoníaco pueden manifestarse horas después de la exposición.
Este nuevo incidente ha reavivado las preocupaciones sobre la seguridad en la planta de Ochsi. Tras la fuga de febrero, la fiscala Lorena Ledesma imputó a Cristine Vogel Drierich, representante de la empresa Novex SA –administradora de la fábrica–, por el supuesto hecho punible de procesamiento ilícito de desechos.
La repetición de este tipo de incidentes en un lapso tan corto ha generado indignación en la comunidad y cuestionamientos sobre la efectividad de las medidas de seguridad implementadas tras la tragedia anterior. Sindicatos y organizaciones de derechos laborales exigen una investigación exhaustiva y medidas más estrictas para garantizar la seguridad de los trabajadores.
Las autoridades enfrentan ahora la presión de determinar si hubo negligencia por parte de la empresa y si se cumplieron todas las recomendaciones de seguridad tras el incidente de febrero. El caso pone de manifiesto la necesidad urgente de revisar y fortalecer las regulaciones de seguridad industrial en Paraguay, especialmente en industrias que manejan sustancias peligrosas como el amoníaco.
