La depresión en el Paraguay afecta a un 5,2% de la población, es decir unas 330.000 personas.
El Paraguay tiene política y planes de salud mental, pero carece de legislación sobre este tema. El financiamiento está dirigido mayormente al hospital siquiátrico. No hay planes de seguro social, y solo una minoría de la población tiene acceso gratuito a medicación sicotrópica. Los derechos humanos de los pacientes son supervisados en algunos servicios, pero no existe un órgano de revisión. Sólo una fracción de los trabajadores de la salud mental ha recibido formación en derechos humanos.
Este es un problema endémico, como lo hemos tratado en otra nota en esta misma columna, pero ahora está aumentada por el efecto COVID 19, aislamiento familiar y de amistades, teletrabajo, pérdida temporal o definitiva del empleo, necesidades económicas, riegos en caso de ser afectado por el virus y no poder ser atendido sanitariamente, son algunos de los factores que contribuyen a aumentar la tasa de afectación de la población por este mal sicopático de la depresión.
La Organización Panamericana de la Salud ha dado una serie de recomendaciones para paliar los efectos de la depresión, que en Paraguay deberían aplicarse con mayor rigurosidad por ser un país que históricamente ha tenido número altos de esta enfermedad.
Es necesario escuchar las sugerencias de las autoridades sanitarias y estar atentos a toda la información que sobre la enfermedad se publica.
