Con absoluto descaro y sin ruborizarse, la jueza penal de garantías, Cinthia Garcete, sigue beneficiando a un presunto capo narco, cuya rebeldía había ordenado por auto interlocutorio 918 del 14 de julio último. Se trata de Elías Daniel Peña Pérez, imputado por el titular de la unidad especializada antidroga Manuel Rojas, con cargo de tenencia sin autorización de sustancias estupefacientes, en seguimiento a una causa en la que con anterioridad inició proceso penal como cuidadores de los depósitos donde ocultaban las sustancias prohibidas, para su posterior comercialización. Lilio Méndez Mereles y Manuel González Santander fueron sorprendidos en flagrancia al momento de sendos allanamientos. En la defensa de Peña Pérez aparecieron integrantes del equipo jurídico que encabeza el abogado Luis Giménez, esposo de la magistrada que “garantiza” el proceso. Primero, pusieron a disposición al declarado rebelde, quien hasta la fecha ni siquiera fue oído por la jueza Cinthia Garcete y en consecuencia no existe proceso, ni imposición de medidas cautelares en el caso. Jurídicamente, Peña Pérez no cuenta con proceso, según la norma. Curiosamente, apareció en su defensa el equipo jurídico del esposo de la magistrada, cuya decisión ni siquiera puede ser recurrida por la representación pública.
Para los investigadores, Peña Pérez quedó como jefe de una banda internacional que trafica drogas, descabezada con la detención y procesamiento del conocido Carlos Alfredo Santander, quien sigue recluido y con juicio oral marcado para el próximo 4 de octubre, según la convocatoria del tribunal de sentencia integrado por Evangelina Villalba, Oscar Genes y Lourdes Morínigo. La magistrada Garcete, pese a que la Fiscalía pidió la prisión preventiva en su escrito de imputación, la emplazó a requerir medidas cautelares, mientras al procesado le dio dos horas para presentarse ante la representación pública y, para peor de males, ni siquiera suspendió los plazos procesales.
La jueza Garcete había tenido un sinnúmero de denuncias por malos desempeños en sus funciones ante el JEM, pero siempre encontró el respaldo político para salir airosa de sus situaciones. Su presidente, el senador liberal Fernando Silva Facetti, es el primero en asentir sus actuaciones a lo que mediante presuntos pactos políticos para la impunidad habría sumado el apoyo incondicional del representante de los abogados en el órgano extra poder, Jorge Bogarín. En estas condiciones, la magistrada actúa, sin la mínima contemplación de la Ley, beneficia a peligrosos criminales, como es el caso del capo narco Elías Daniel Peña Pérez, quien sigue gozando de libertad, con la mirada complaciente, sostenida por políticos obnubilados por el dinero.
Fuente La Clave
