El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF, corte suprema) ordenó hoy a las autoridades públicas de todos los niveles que dispusieran “todas las medidas necesarias” para evitar eventuales ocupaciones de edificios o bloqueos de calles ante las nuevas protestas anunciadas por sectores bolsonaristas.
Sin embargo, al menos en las primeras horas de la noche, esas convocatorias no habían logrado adhesiones, después de que el presidente Luiz Inácio Lula Da Silva los tratara como “un grupo de locos” que todavía no entendió que “las elecciones terminaron”.
La resolución de reforzar la seguridad en todas las áreas fue del juez Alexandre De Moraes y obedece a un pedido de la Procuraduría General de la Nación en base al llamado de grupos bolsonaristas a nuevas manifestaciones en todas las capitales estaduales.
Según la convocatoria, que se difundió especialmente a través de la red de mensajería Telegram, estaba prevista también una concentración en la Explanada de los Ministerios de Brasilia, donde se iniciaron los actos golpistas del domingo, en la céntrica Avenida Paulista de San Pablo y en el paseo del balneario de Copacabana en Río de Janeiro.
Pero ni medios privados brasileños ni la estatal agencia Brasil ni AFP registraban la presencia de personas que hubieran respondido al llamado.
Y en Río de Janeiro tampoco comparecieron manifestantes al Puesto 5 de Copacabana, resguardado por policías municipales, según AFP.
En San Pablo, en tanto, solo unos pocos jóvenes aparecieron en la Avenida Paulista vistiendo camisetas verde-amarillas, colores de la bandera nacional que se volvieron distintivos de las manifestaciones pro-Bolsonaro.
Antes, De Moraes había prohibido interrumpir la libertad de circulación de automóviles en todo el territorio nacional y el acceso a los edificios públicos, bajo la amenaza de multas de 20.000 reales (3.850 dólares) para personas físicas y 100.000 reales (19.200 dólares) para personas jurídicas.
El magistrado también ordenó a la plataforma Telegram bloquear canales, perfiles y cuentas grupales con el llamado a manifestar.
«Absolutamente nada justifica la existencia de campamentos repletos de terroristas, patrocinados por diversos financistas y con la complacencia de autoridades civiles y militares en total subversión al necesario respeto a la Constitución», manifestó el juez del máximo tribunal.
